Ley de Precios Acordados solo será más control y menos productos en los anaqueles

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Manuel Tomillo C.

Con pocas horas de su aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley de Precios Acordados ha despertado muchas interrogantes entre consumidores y productores, quienes no han podido entender su alcance pero que coinciden, en su mayoría, que esta nueva legislación podría no solventar la problemática económica del país.

Representantes del empresariado, como la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) o la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) han mostrado su inconformidad con esta medida del ejecutivo, pues consideran que las revisiones de esos costos deben hacerse más periódicamente de lo que se ha establecido hasta ahora, pues las cifras ya se encuentran desfasadas desde el momento en que se realizaron las mesas de trabajo con las autoridades gubernamentales.

“Algunos de los precios representan el 50% de lo que se planteó en las mesas de trabajo. En el caso del maíz a Bs 2.100 fue hace 90 días, hoy ya debe estar en el doble, el precio publicado del café está en el 50% de lo que se acordó. En el caso del azúcar es el precio que se acordó en las reuniones hace dos días”, explicó el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.

Teodoro Bellorín, primer vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), aseguró por su parte que la situación económica nacional impide que el sector comercio pueda planificar sus actividades, incluso, a corto plazo, pues la variación de precios acelera cada semana y esos precios acordados para nada resuelve los problemas. “Este procedimiento no resuelve el desabastecimiento ni la inflación. La imposición de precios nunca será una vía idónea. Apertura, eliminación del control cambiario y de los controles de precios es lo que permitirá reactivar la confianza”, agregó.

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Este jueves 23 de noviembre entró en vigencia la normativa sobre precios acordados. La normativa cuenta con un total de 12 artículos, que a juicio del mandatario Nicolás Maduro buscan proteger a la población de la “guerra económica” e “impulsar el desarrollo productivo del país”.

Según sus proponentes este articulado fue el producto de diálogos con participantes de los diferentes sectores productivos del país y los precios establecidos serán revisados cada cierto tiempo, aunque no se ha dicho cuál sería la frecuencia de esas revisiones.

Para Ronald Balza, decano de la facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), este instrumento legal no es más que una reiteración de lo que ya ha hecho el Gobierno para tratar de frenar los altos precios y que ha derivado en más inflación y un descontrol en lo que tiene que pagar e venezolano para poder subsistir.

“Una teoría aplicada por un experto europeo llamó a este tipo de asuntos un ‘perfeccionamiento de los controles’. que lo que demuestra es que con ello se reconoce que se ha fracasado. Desde 2003 hemos tenido en Venezuela una gran cantidad de controles de precios, que se han convertido en más inflación y no ha solucionado nada”, añadió en su conversación con Caraota Digital.

Balza compara esta nueva medida de control gubernamental con la ya también reiterativa prorrogación de otros decretos, como la extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares o el de emergencia económica.

“Y ya eso ni siquiera es noticia, nadie está pendiente de ello, porque es sencillamente decirle a los venezolanos que no se ha hecho nada y que nunca debieron haber sido promulgados esos decretos, porque han sido estériles“, dijo.

El Decreto de Emergencia Económica fue extendido este miércoles por 60 días más, hasta finales de enero de 2018, luego de que nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia ratificara su constitucionalidad, reflejado esto en la Gaceta Oficial

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