Con 19 votos, OEA aprueba resolución que permite suspender a Venezuela del organismo

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EFE

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.

La resolución, el gesto más contundente de la OEA contra Maduro, fue aprobada hoy con 19 votos durante la Asamblea General de la OEA, la cita más importante del organismo, que concluye hoy.

La votación se hizo a viva voz con la abstención de 11 países entre los que figuraban aliados tradicionales del Gobierno de Nicolás Maduro, como Nicaragua, mientras que otras cuatro naciones votaron en contra, liderados por Venezuela, cuyo canciller Jorge Arreaza, dijo que votaba “rotundamente en contra”.

Esta es la primera vez que se aprueba en una Asamblea General una resolución sobre la crisis venezolana, tema que ya centró la anterior Asamblea General de la OEA en Cancún (México), pero que acabó sin una declaración condenatoria porque, en el último momento, el Caribe respaldó a Venezuela.

La decisión adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos, consta de los siguientes puntos:

1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

2. Reafirmar que, sólo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

3. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como fue declarado en la resolución CP/RES. 1078 (2108/17) del 3 de abril de 2017.

4. Urgir al Gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población.

5. Urgir al Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, malaria y difteria.

6. Instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar medicamentos, así como considerar contribuciones a organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países receptores.

7. Instruir al Consejo Permanente para que, en coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes, identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos.

8. Hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

9. Mantenerse atenta al desarrollo de la situación en Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social, y promuevan el respeto absoluto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho, en el marco constitucional de Venezuela y de manera consistente con sus obligaciones y compromisos internacionales.

10. Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21.

La resolución aprobada hoy fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Esos 15 países votaron a favor de la resolución, grupo al que se sumó República Dominicana (aliado tradicional de Venezuela), así como Bahamas, Jamaica y Barbados, tres países caribeños que ya habían votado anteriormente a favor de pronunciamientos sobre Venezuela en la OEA.

La resolución necesitaba 18 votos para ser aprobada y consiguió el respaldo de 19 países.

Mientras tanto, se abstuvieron once países: Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Belice, Uruguay, Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y Nicaragua.

Además, mostraron su rechazo cuatro países: San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela, Bolivia y Dominica.

La aprobación de una resolución sobre Venezuela sirve para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Maduro y abre la puerta a una estrategia regional para cambios en las relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones.

Lo más importante de la resolución sobre Venezuela es el punto sobre la suspensión del país del organismo.

No obstante, esta medida no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene el organismo y solo se ha aplicado a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.

No obstante, Venezuela ya pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.

La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido como presidente, así como una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora.