Estado venezolano en mora con la justicia

2009 fue el año en que más condenas recibió el Gobierno Nacional por parte de la Cidh | Cortesía

 

Anyela Torres
astorres@bloquedearmas.com


Hasta la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha emitido 15 sentencias contra el Gobierno venezolano por violación a los Derechos Humanos, de las cuales solo ha cumplido con dos de ellas y “a medias tintas”, según señalan representantes de las ONG Cofavic y Provea.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explica que de los casos que su ONG ha litigado, el Estado solo ha respondido con la indemnización a las víctimas de “El Caracazo“, la publicación de la sentencia y la inclusión en la eliminación interna del delito de desaparición forzada y tortura.

“Es con el único caso que se ha cumplido parcialmente, pero todavía está pendiente de resolver en este y el resto de los casos, es el tema de justicia, es decir, en ninguno de estos casos hay sentencia firme contra los responsables directos o indirectos”, afirmó la abogada.

De igual forma, Jessica Duham, abogada de Provea, señaló que en la mayoría de las sentencias, el Gobierno solo ha cumplido con las indemnizaciones.

“En el caso de El Amparo, solo se llegó a otorgarle el beneficio económico a los familiares de las víctimas. Todavía tienen pendiente ejecutar las investigaciones pertinentes para dar con autores y que los procesen”, dijo.

Las especialistas concuerdan en que el Gobierno Nacional se ha alejado de los tratados y convenios internacionales pese a que esta figura está tipificada en el artículo 31 de la Carta Magna.

“Lo que está haciendo es un acto inconstitucional al no cumplir con estas responsabilidades”, expresó Duham.

“Esa posición que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de no acatar la sentencia de Leopoldo López, solo ha empeorado su reputación a nivel internacional”, comentó Ortega.

Por otra parte, las especialistas advierten que no hay ninguna medida que pueda coaccionar al Estado para que cumpla con estas responsabilidades jurídicas, pues los países del mundo firman estos convenios y solo se comprometen por voluntad a hacer cumplir los preceptos.

“El año pasado, el Ministerio Público introdujo un recurso ante el TSJ donde solicitaba la nulidad de la Corte Marcial de la instancia que se encargaba de hacer el seguimiento del cumplimiento de los casos, también con la sentencia de Leopoldo López el Estado dijo que no la iba a acatar, porque el TSJ la declaró como inejecutable; esto lógicamente ha hecho que el país no cumpla con sus compromisos legales”, resaltó Jessica Duham, de Provea.

 

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